Hay una paradoja difícil de ignorar en la Administración española: mientras el Estado endurece sus mecanismos para perseguir el fraude en el sector privado, algunas de sus propias estructuras arrastran problemas de temporalidad, burocracia, contratación, tecnología y control que parecen sacados de una sátira.

No se trata de cuestionar la existencia de los servicios públicos, sino de exigir que quienes regulan y fiscalizan a los demás estén sometidos, como mínimo, a los mismos estándares de rigor, transparencia y eficiencia que exigen al ciudadano y a la empresa.

Estos son algunos de los episodios que mejor ilustran esa contradicción.

La ilusión del control estatal

Resulta difícil no percibir una cierta ironía cuando un Ministerio despliega toda su maquinaria inspectora para combatir el fraude en la contratación privada mientras, dentro de la propia Administración, persisten situaciones de temporalidad y problemas de gestión que llevan años sin resolverse.

El problema no es que el Estado controle. El problema aparece cuando quien establece las reglas parece incapaz de aplicárselas con la misma contundencia a sí mismo.

La Administración debería ser el ejemplo de estabilidad, transparencia y buena gestión. Sin embargo, determinados episodios muestran un sistema atrapado entre procedimientos obsoletos, estructuras rígidas y una burocracia que, demasiado a menudo, parece más preocupada por cumplir el expediente que por resolver el problema.